Fue electo para un segundo período el Dr. Pedro Rincón Gutiérrez como Rector, el Dr. Julián Aguirre Pe como Vicerrector Académico, el Dr. Miguel Angel Herrera como Vicerrector Administrativo, compañeros de la fórmula rectoral, y el Dr. Leonel Vivas, de la otra lista de candidatos, como Secretario para el período 1976 a 1980
LA UNIVERSIDAD CAMBIÓ
I.- Este
segundo período rectoral lo ejerció en una Universidad que había cambiado su
fisonomía con respecto a 1958 - 1972. Tenía una organización y un
funcionamiento distinto. La reforma de la Ley de Universidades de 1970 transfirió
competencias exclusivas de la Universidad al Consejo Nacional de Universidades,
lo que implicó que la autonomía de la Universidad la debía compartir, en gran
parte, con sus pares en el Consejo Nacional de Universidades, donde ahora
tenían presencia Rectores de Universidades Nacionales Experimentales, no
autónomas, bajo control del gobierno; y sendas representaciones nuevas del Congreso
Nacional y del CONICIT. El gobierno para no disminuir la proporcionalidad y el
peso de los votos de los rectores de Universidades Autónomas, los consideró un
rector, un voto; en tanto, los votos de los rectores de las Universidades
Experimentales representaban fracciones. Los votos de los representantes del
Congreso Nacional y CONICIT valían uno cada uno. Pero la cantidad de rectores
de Universidades Experimentales crecía, en tanto no crecía el número de
Universidades Autónomas.
Esto había generado una
larga y calurosa diatriba, que incluyó a FAPUV,
ente que el 13 de julio de 1978, convocó el Primer Seminario sobre “Problemática
de la Educación en Venezuela”. El Rector Rincón Gutiérrez había tomado su
postura desde 1976, de “que la verdadera universidad es la autónoma, y que el
modelo experimental había que revisarlo”. Este criterio lo ratificó, ahora en
el Seminario, y en rueda de prensa con motivo de la derogatoria por el Consejo
de ministros de la decisión del CNU sobre la creación de la Universidad Experimental
Antonio José de Sucre que unificaba en esa Universidad a todos los Institutos Politécnicos
Públicos. La decisión del Ejecutivo Nacional
acarreó la renuncia del Dr.
Ernesto Mayz Vallenilla, Rector de la Universidad Simón Bolívar. Decía el Rector
Rincón Gutiérrez “que las Universidades Experimentales eran consideradas como la
fórmula salvadora de la educación superior, aunque muchas Universidades
Experimentales no tenían sede, alumnos ni organización académica, aunque sí
integraban el Consejo Nacional de Universidades”.
El Rector Rincón Gutiérrez había
tomado su postura desde 1976, de “que la verdadera universidad es la autónoma, y
que el modelo experimental había que revisarlo”.
De otro lado, reclamó
la tardanza de la decisión sobre la creación del Instituto Tecnológicos de Ejido,
presentado al CNU desde hacía tres años.
II.-
Además, en la reforma de la Ley de Universidades, se creó la Oficina de
Planificación del Sector Universitario – OPSU con funciones de coordinación,
pero las ejercía más bien de control e intervención. Las relaciones financieras
en una primera instancia empezaron a hacerse ahora con esta Oficina. La
autonomía financiera presupuestaria se comprometía cada vez más por las
deficiencias presupuestarias derivadas de la crónica crisis fiscal de la
República, pero a la vez, por una distribución sin criterios racionales sugerida
por la OPSU.
Esto indujo a la
realización de un estudio por la Universidad de Los Andes a fin de proponer una ponderación del presupuesto basado en el rendimiento académico institucional de
las universidades, y como parámetros de
distribución presupuestaria, criterios basados en la investigación y
publicaciones, los postgrados, el rendimiento
estudiantil y la prosecución de los estudios,
la proporción de egresados, el desempeño institucional de la universidad, y que cubrieran las implicaciones presupuestarias
ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
En 1978, el Equipo
Rectoral, en vista de esta crítica situación presupuestaria, se entrevistó con
el presidente de la República, Dr. Luis Herrera Campins. Convinieron en que uno
de los mecanismos para resolver y racionalizar el financiamiento universitario
era la creación de un verdadero sistema de educación superior, apoyado en sub
sistemas regionales integrados. También analizaron la conveniencia de que las
instituciones de educación superior se crearan de acuerdo a un modelo de
desarrollo previamente convenido, y la necesidad de que organismos públicos y
privados contribuyeran al financiamiento mediante impuestos y tasas a las
empresas por la utilización de talentos y experticias formados en las
universidades; el pago de matrículas diferenciadas, la elaboración de proyectos
de distinta naturaleza para empresas y otros.
Sobre el
financiamiento de la infraestructura universitaria en Mérida, Táchira y
Trujillo, se harían gestiones con el Banco de los Trabajadores, y se
promulgaría una Ley de Financiamiento con este
fin.
Se trató el tema de
construir en Mérida, un Centro de Convenciones y una Casa de la Cultura de
acuerdo y coparticipación de la Gobernación del Estado
III.-
Otro cambio importante en la Reforma de la Ley de Universidades de 1970 fue la
creación de los Vice Rectorados Académico y Administrativo que diluyeron
competencias directas del Rector, quien debía coordinarlas con estos Vice
Rectores en las respectivas materias. En la Ley de Universidades de 1958, el
Rector concentraba todas las funciones universitarias, siendo el Vice Rector y
el Secretario sus colaboradores, lo que hacía eficiente la dirección
universitaria. A partir de la Reforma de 1970, las atribuciones del Rector
fueron compartidas con los Vice Rectores Académico y Administrativo, y aún con
el Secretario, en una redistribución de competencias y de corresponsabilidad.
Esto trajo como consecuencia que el Rector, Vicerrectores y Secretario
tenían su propia agenda, puntos de
vista sobre la universidad, intereses personales, grupos de interés a su
alrededor Esto provocó que el Consejo Universitario, al que se habían
agregado también cinco representantes electos de los profesores, se dedicara a largas e interminables agendas
para discutir y acordar asuntos financieros y administrativos, nombramientos,
informes, convocatorias, consultas, contratos, asuntos en alzada. La falta de acuerdo, posponía muchas
decisiones que iban alargando cada vez más las agendas con materias pendientes.
Las Comisiones y Grupos de Trabajo de la Universidad o de las Facultades no
respondían requerimientos. Frecuentes y repetidas discusiones sobre el mismo asunto, reclamos por decisiones
que nadie cumplía. Revisión permanente de normas y decisiones cuya validez, a
veces duraba pocos días. No había tiempo ni fuerza para discusiones sobre la
vida institucional. El parlamentarismo ocupó a la Universidad.
Empezó a cambiar el sentido de la comunidad
universitaria como una agrupación social particular dedicada a actividades
académicas, que debía ser protegida a través de la propia Universidad, en una
relación sin los formatos de las contrataciones colectivas, tal como sucede en
las familias, referido esto en especial a los profesores y estudiantes. Se entendió que los
empleados y obreros eran regidos por la Ley del Trabajo.
Esta situación
indujo al Rector Rincón Gutiérrez a convocar Consejos Universitarios Ampliados
fuera de la sede del Consejo Universitario y fuera de la ciudad, para tratar
materias de trascendencia, a los que asistían, además, asesores e invitados
especiales.
En La
Mesa de Esnujaque, con motivo de un Consejo Universitario Ampliado, se presentó
informalmente un documento en nombre de la Facultad de Medicina, donde se
analizaba el funcionamiento del Consejo Universitario, y entre las autoridades
convinieron el funcionamiento del llamado “Equipo Rectoral” para acordar
agendas y otros tipos de decisiones que evitaran las frecuentes contradicciones, e
hicieran más ágiles las agendas.
IV.- Empezó
a cambiar el sentido de la comunidad universitaria como una agrupación social
particular dedicada a actividades académicas, que debía ser protegida a través
de la propia Universidad, en una relación sin los formatos de las
contrataciones colectivas, tal como sucede en las familias, referido esto en
especial a los profesores y estudiantes.
Se entendió que los empleados y obreros eran regidos por la Ley del Trabajo, y
por lo tanto con criterios basados en una protección igualitaria del trabajo y
los trabajadores, intermediados por
organizaciones sindicales y corporaciones profesionales, con capacidad para acordar convenciones laborales, dirimir conflictos y arreglos
mediante la Ley del Trabajo y el Ministerio de Trabajo. Derivado de ello, apareció
un corporativismo de gremios con intereses particulares; y que el gobierno
nacional, en un intento de homologar las contrataciones colectivas, asumió las
negociaciones contractuales de cada universidad en particular y con sus gremios
nacionales, Federaciones de Profesores, de Empleados y Obreros que se habían constituido
en Venezuela. Los Rectores sólo aparecían al final de los acuerdos laborales
para la foto en el acto de la firma de los acuerdos gobierno - gremios. El Rector
sólo era el ejecutor de los acuerdos y receptor de los conflictos cuando el
gobierno incumplía los compromisos adquiridos, lo que era frecuente.
No obstante, el Rector Rincón Gutiérrez fue
partidario e insistió en que para protección
de los Profesores, se acordara una Resolución con Normas de Regularización de
las Relaciones entre los Profesores y la Universidad.
Con este convenimiento, la Asociación de Profesores
de la ULA presentó un documento al respecto. El Consejo Universitario el 20 de abril
de 1977, designó sendas comisiones para analizar los aspectos contenidos:
Aspectos jurídicos: Drs. Pedro Rincón G y
Juan José Rivas B.
Aspectos académicos: Drs. Julián Aguirre, Eleazar Ontiveros, Luis
Ramírez, Adelis León, Francisco Ruiz, Néstor López R, César Briceño y Br.
Carlos Castillo.
Asuntos Socio económicos: Drs. Miguel Angel
Herrera, Roberto Rondón M, Miguel Rodríguez, Hidalgo Guillén, José Ramón Rujano,
Juan José Mora y Br. Saúl Gutiérrez
Asuntos gremiales: Drs. Leonel Vivas,
Antonio Van Grieken, Pedro Manuel Petit, James O`Callaghan y Br. Eugenio Graterol.
De igual manera, el Consejo Universitario
aprobó una Escala de Salarios presentada por APULA
En 1980, se discutió
otra Resolución en el Consejo Universitario para regular las condiciones de
trabajo con los profesores, a cuyo fin, el 25 de abril de 1980, designó una
Comisión representada por los Drs. Pedro
Rincón Gutiérrez, Julián Aguirre Pé, Miguel Angel Herrera, Leonel Vivas, Milton
Granados, José Raúl Dávila y Néstor López Rodríguez, y por la APULA, los
profesores Luis Alfonso Aguilar, Francisco Gavidia, Héctor Mata, Carlos Ruiz,
Pedro Apolinar, Enrique Peña y Trino Castro. Además, firmaron un Acuerdo para
mantener relaciones normales y luchas por mejores reivindicaciones, según lo
estipulaba el artículo 55 de esta Resolución 1980-1981 sobre las Relaciones
entre la Universidad y los Profesores. Se
garantizó que la remuneración no sería menor a la de otras universidades, y que
los beneficios de otras universidades debían aceptarse en la ULA; un mejoramiento institucional en
todas las áreas para un óptimo trabajo académico. Igualmente, solicitar una
homologación de salarios, iguales condiciones de trabajo, y hacer gestiones
ante el Ejecutivo y el Congreso Nacional para saldar deudas de distintas
naturalezas, que generaban constantes motivos de enfrentamientos y paros. La
obtención de recursos financieros para el cumplimiento de estas Resoluciones
fue una tarea cumplida a cabalidad por el Rector Rincón Gutiérrez.
Finalmente, debido a los conflictos que se
generaban por desniveles de salarios y bonificaciones de los profesores entre
las distintas universidades, el ministro de Educación, Felipe Montilla firmó,
el 1 de enero de 1982, unas Normas de Homologación Nacionales, con ventajas
como una escala móvil de salarios, de acuerdo a la inflación, primera vez en
América Latina para profesores.
NUEVAS CONCEPCIONES DE LA UNIVERSIDAD
El segundo período
rectoral del Dr. Pedro Rincón Gutiérrez no ocurrió en las mismas condiciones de
1958 a 1972, no sólo por los cambios derivados de la Reforma de la Ley de
Universidades de 1958, sino por cambios políticos en el país.
I.-
Ahora, la Presidencia de la República estaba bajo la responsabilidad de Carlos
Andrés Pérez, no de sus amigos universitarios Raúl Leoni ni Rafael Caldera. Se asomó la hegemonía de un partido de
gobierno que saturó toda la estructura política y social del país debido a los
altos precios del petróleo por la guerra árabe israelí. El presidente colmó la
organización democrática nacional. “El país se asomaba a una especie de edad de
oro del proceso democrático instaurado en 1958”.
En medio de esto, el ministro de Educación
planteó la realización de una “Revolución Educativa”. Había presiones sobre la Universidad
para responder a exigencias sociales del país, a una renovación según las
modernas experiencias pedagógicas obtenidas en instituciones de muy alto nivel
mundial, divulgadas por organismos internacionales. También presionó el
fenómeno más apremiante que fue la masificación estudiantil, por lo que el gobierno
creó 22 Institutos Universitarios de Tecnología y 26 Colegios Universitarios para
la diversificación de las opciones educativas. Se crearon Universidades Experimentales
como la Francisco de Miranda, Rómulo Gallegos, Universidad Nacional Abierta,
IESA, Programa de Becas Gran Mariscal de Ayacucho. Esto,
hacia el interior de las universidades autónomas fue apreciado como un peligro y
una restricción a la autonomía y la libertad para pensar, crear, debatir y
refutar conocimientos e ideas en la universidad, ya que todos estos institutos
estaban bajo la dirección del Ministerio de Educación. Por otro lado, competían
con el presupuesto dedicado a las
universidades por sus requerimientos de sedes, profesores, equipos y otros.
La Universidad de Los
Andes había empezado a dar una respuesta inicial a los reclamos sobre una
modernidad y a la masificación estudiantil desde los 1970, al discutir una nueva
estructura universitaria y la creación del Ciclo Básico, que al cambiar el
rectorado, no evolucionaron.
Una de las políticas
que afectó también a la Universidad fue la de Pleno Empleo y de estabilidad
absoluta, que hizo crecer de manera desordenada una nómina principalmente de
obreros y empleados de baja calificación que saturaron las obligaciones por
salarios y bonificaciones, que se tornó conflictiva cuando cesó la bonanza
petrolera y se inició una etapa de devaluación monetaria e hiperinflación.
II.- La educación superior crecía de
una manera desordenada sin planes de desarrollo.
Para la búsqueda de
alternativas racionalizadoras, se promulgó el Decreto No 42 del 29 de marzo de 1979, con la
intención de crear un Sub Sistema Integrado de Educación Superior por el presidente
Luis Herrera Campins con la finalidad de conformar una integración regional entre
distintos institutos universitarios tecnológicos, universidades experimentales
y autónomas, a fin de ofrecer salidas intermedias terminales, y quienes desearan
continuar carreras profesionales, lo pudieran hacer. Incluidos estudios de
postgrado.
En el mismo sentido
integrador, el Rector de la UCV, Dr.
Miguel Layrisse en visita a la ULA, planteó la idea de crear una
Confederación de Universidades Autónomas para el abordaje de soluciones comunes
y para compensarse ante el peso que el gobierno otorgaba a la experimentalidad.
También se hicieron esfuerzos para integrar proyectos de desarrollo científico y tecnológico, mediante el intercambio de experiencias, líneas de trabajo, insumos, tecnologías, profesores, incluidos los visitantes, a cuyo efecto, en 1979, se realizó en Mérida, la Primera Reunión Nacional de Consejos de Desarrollo Científico y Humanístico de las Universidades. También se realizó la Primera Convención Regional de Ciencia y Tecnología.
El desarrollo de los
Núcleos del Táchira y Trujillo fue en la dirección de expandir ofertas
educacionales.
Posteriormente, el
gobierno de Luis Herrera Campins, y el Congreso Nacional en el ejercicio de
Jaime Lusinchi, elaboraron anteproyectos de Leyes de Educación Superior en
igual sentido integrador y coordinador de la educación superior, que no fueron
ni siquiera presentados al Congreso Nacional.
III.- Quedó
pendiente de la gestión hasta 1972 la
Nueva Estructura Universitaria, que se había iniciado con el Ciclo Básico. Se reiniciaba
la crítica al tradicional diseño de la Universidad como un agregado de
Facultades, y estas de Escuelas, que a su vez es de cátedras, institutos y
centros de investigación. Cada Facultad es auto suficiente con sus escuelas y
cátedras propias. Por ello, al crearse una Facultad, se crean Escuelas y
Cátedras independientemente de su repetición por su existencia en otras
Escuelas o Facultades. Esto acarrea, altos costos, incoherencias, y una de sus
consecuencias, es que los estudiantes entran y salen de una Facultad porque no hay
salidas intermedias.
Se reiniciaba
la crítica al tradicional diseño de la Universidad como un agregado de
Facultades, y estas de Escuelas, que a su vez es de cátedras, institutos y
centros de investigación. Cada Facultad es auto suficiente con sus escuelas y
cátedras propias
Los Institutos y Centros de Investigación también se aíslan y no es raro tampoco la repetición de proyectos de
investigación sobre el mismo asunto.
En consecuencia, se planteó una organización basada en el Departamento
como lo piedra angular de la Universidad, que se organizaría en Divisiones,
responsables de coordinar académicamente a las carreas intermedias, de pregrado
y postgrado, pero sin estructura ni personal. Las Facultades se organizarían por áreas de conocimientos: humanísticas y
sociales, arte, tecnológicas, salud, ciencias políticas, ciencias agrarias.
Entre tanto, se aprobó un Reglamento de Departamentos.
En
consecuencia, se planteó una organización basada en el Departamento como lo
piedra angular de la Universidad, que se organizaría en Divisiones,
responsables de coordinar académicamente a las carreas intermedias, de pregrado
y postgrado, pero sin estructura ni personal. Las Facultades se organizarían por áreas de conocimientos: humanísticas y
sociales, arte, tecnológicas, salud, ciencias políticas, ciencias agrarias.
Pero en lugar de desarrollar la departamentalización, la planificación
universitaria planteó la creación de Oficinas de Coordinación de las funciones universitarias,
adscritas a las autoridades universitarias. Esto no permitió la estructura
departamental, sino por el contrario, vaciaron de funciones a las Facultades también,
que
quedaron como simples tramitadores de solicitudes de profesores y
estudiantes. La democracia y la participación
universitaria predicada chocaba contra esta organización centralizada, rígida y
parcelar. No había reglas ni procedimientos conocidos, lo que daba a la
administración una discrecionalidad, dudosa legalidad, procedimientos
engorrosos y sin término, con delegaciones invertidas.
Para intentar crear
algunos mecanismos de control, se creó una Unidad Permanente de Control de la
Contraloría General de la República en 1978.
IV.-
No había un mantenimiento adecuado del patrimonio físico
ni técnico científico de la universidad. La deficiencia de recursos financieros
se trató de corregir con iniciativas y empresas creadas por la Universidad en
búsqueda de autogestión, para gestionar recursos propios, pero sus gerentes
universitarios las quebraban en el
mismo campo de trabajo que en el sector privado eran exitosos. Supervivieron
hasta que el presupuesto universitario, al revés de sus fines, las mantenía
presupuestariamente
En medio de esta desazón, se hicieron esfuerzos para corregir el rol y
deriva corporativa que había asumido la universidad; buscar formas para disminuir la violencia en
la ciudad, en la que aparecieron los saqueos del comercio; realizar estudios de
las perspectivas matriculares de la Universidad; vincular la formación
universitaria al empleo de profesionales, técnicos y científicos; prever un crecimiento
racional de la Universidad; analizar mecanismos alternos de financiamiento; separar y privilegiar la función académica de la sobre la actividad
administrativa.
Los grupos científicos con capacidad de
obtener recursos para proyectos se convirtieron en organizaciones autárquicas “micronesias”
como se les llamó.
De otro lado, se
identificó que las autoridades eran atraídos y dedicados en 45% de su tiempo
laboral en procesamiento de información de todo tipo como forma de ejercer
control, 45% de tiempo para actos y reuniones para relaciones públicas, 5% para
resolver crisis que a veces consumen más tiempo, y 5% para pensar en sus
funciones, que lo toman para las otras tres ocupaciones. Un trabajo dedicado y
agotador para la rutina y lo común.
En medio de esta
desazón, se hicieron esfuerzos para corregir
el rol y deriva corporativa que había asumido la universidad; buscar formas para disminuir la violencia en
la ciudad, en la que aparecieron los saqueos del comercio; realizar estudios de
las perspectivas matriculares de la Universidad; vincular la formación
universitaria al empleo de profesionales, técnicos y científicos; prever un crecimiento
racional de la Universidad; analizar mecanismos alternos de financiamiento; separar y privilegiar la función académica de la sobre la actividad
administrativa.
Se hicieron
esfuerzos para una dedicación preferencial a la investigación científica,
tecnológica, artística, social y
humanística, y de los postgrados para convertir a Mérida en una referencia
continental de la ciencia.
V.- En medio de la crisis aguda de las universidades,
se creyó que la formación de los profesores era un factor clave para el
desenvolvimiento de la vida universitaria. La
proyección nacional y mundial de la Universidad dependía del componente humano.
Se reforzó un programa de formación en el exterior, con becas y años sabáticos
para realizar estudios en especialidades, maestrías y doctorados para una docencia actualizada y proyectos de
investigación básicos para los fines de la Universidad, y para el futuro
desarrollo de los estudios de postgrado. Estos programas se reforzaron con
viajes al exterior, asistencia a congresos internacionales, profesores
visitantes. La formación postgraduada se
extendió al personal técnico.
VI.-
Se creó una Comisión Permanente del Consejo Universitario para el tratamiento
del rendimiento estudiantil, conformada por el
Secretario de la Universidad, el Decano de la Facultad de Derecho, el
Director de Registros Estudiantiles, el Coordinador de la Oficina de Asuntos Profesorales y un
representante estudiantil. Se inició el proceso de automatización de los
registros estudiantiles. Se generaron discusiones sobre el rendimiento
estudiantil, que condujeron a las medidas mínimas de rendimiento conocidas como
Medidas de Esnujaque.
VII.-
Igualmente, el 19 de mayo de 1979, se designó una Comisión para el tratamiento
del rendimiento profesoral conformada por el Vicerrector Académico, el Decano
Ciencias Forestales, el Director de PLANDES y el Director de DIGMA, un
representante de profesores, el Coordinador de la Oficina de Asuntos
Profesorales, un representante estudiantil.
VIII.-
En los años 1975 a 1976, se estudió en la Universidad un represamiento estudiantil
por repitencia, una inscripción masiva de estudiantes en el Ciclo Básico, y una
deficiencia de preparación pedagógica de los profesores. Para abordar esta
problemática, en 1977, el Rector Rincón Gutiérrez con la importante
participación del Dr. Julián Aguirre, Vicerrector Académico, creó la Dirección
General de Mejoramiento Académico – DIGMA.
Desarrolló siete áreas: Atención Pedagógica al estudiante que ingresa,
Actualización académica de la
especialidad, Formación y mejoramiento pedagógico, Planeamiento y revisión
curricular, Bibliotecas, Pasantías Industriales y Recursos audiovisuales.
En 1976, se creó el Consejo de Publicaciones.
Se reforzó el CDCHT y el Sistema Bibliotecario e Informático. Se diseñaron el
Primer Plan de Ciencia y Tecnología Regional, 32 programas de estudios de
postgrado, la XXX Convención Anual de ASOVAC y Festivales Juveniles de la
Ciencia.
IX.-
Otro problema detectado fue la desproporción entre el personal docente
ordinario y el gran número de contratados en la ULA. El Dr. Pedro Rincón
Gutiérrez, rector propuso la aprobación
de unas Medidas Extraordinarias y Transitorias, el 15 de septiembre de 1977,
para regularizar la situación de la gran cantidad de profesores contratados de
la Universidad. En efecto, la Ley de Universidades previó el ingreso por
concurso sólo para los instructores. En
caso de candidatos a profesores que hubieran realizado estudios de postgrado,
no había posibilidades de su ingreso por concurso, de manera que por efecto del
artículo 91 de la Ley de Universidades ingresaban en condición de contratados por
el Consejo Universitario En muchos
casos, estos contratos se prolongaron por mucho tiempo y en mucha cantidad, que
causaron el efecto de poco personal ordinario y mucho contratado.
Estas medidas
consistían en que los profesores contratados por vía del artículo 91, podían optar
a ser personal ordinario en categoría superior a la de agregado, siempre y
cuando cumplieran los requisitos que cumplía el personal ya ordinario, es
decir, grados y presentar tantos trabajos de investigación como tesis de
ascenso se hubieran requerido para la categoría a la que optaban. Cerca de 600 profesores hicieron estos
trámites.
Roberto Rondón Morales. MIRADAS MULTIPLES. Marzo de 2023
RRM-rrm
